La Unión Nacional de Clubes de Barrio, entidad que nuclea a más de 2000 instituciones en todo el país, presentó un proyecto de amnistía administrativa para regularizar la situación de las entidades bonaerenses que adeuden más de tres años de documentación, situación que les impide acceder a derechos y beneficios previstos en las leyes que los regulan. Asimismo, los representantes de más de 40 filiales de la provincia reiteraron el pedido de reglamentación de la ley de clubes.

“Este proyecto es a favor de los clubes de barrio, y por eso estamos trabajando para que de una vez por todas, los clubes estén en la agenda de los gobiernos. Tenemos una ley que espera ser reglamentada desde diciembre de 2014, pero mientras los clubes siguen dando respuestas que debería dar el Estado, seguimos siendo ignorados a la hora de darnos lo que nos corresponde”, aseguró en conferencia de prensa Claudio Rial, presidente de la Unión Nacional.

Asimismo, el representante legal de la UNCB, el quilmeño Esteban Corrales, explicó que “en las condiciones actuales es imposible que los clubes puedan acceder a los beneficios del Estado nacional, provincial o municipal, ya que el requisito más importante es tener la documentación completa de varios períodos hacia atrás y presentar varios documentos que la mayoría no posee. De ahí que la UNCB está trabajando en un proyecto de normalización administrativa que les permita a los clubes poder ser tomados en cuenta dentro del sistema”.

Los dirigentes destacaron que “estamos presentando un proyecto que por supuesto es abierto para ser debatido por todos aquellos que tienen responsabilidades legislativas y ejecutivas, pero no queremos que se dilate eternamente si bien las necesidades son urgentes, sabemos que este tipo de soluciones dependen esencialmente de una decisión más política que jurídica”.

Hubo otros representantes quilmeños en la conferencia, uno de ellos Diego Indycki, titular de la UCB de Quilmes. Además, quien tomó la palabra fue David Gutiérrez, presidente del Club 12 de Octubre, entidad que presentó un recurso de amparo para intentar frenar los tarifazos de los servicios públicos y destacó que el pedido de tarifa social: “No debe ser menor al 70% de los valores actuales”.